El grupo popular en la Diputación de Huelva presenta dos mociones al pleno ordinario del mes de febrero que se celebra mañana. En ambas iniciativas se pide al Gobierno Central que, por una parte, derogue la implantación obligatoria de la tasa de residuos a los ayuntamientos y, por otra, aplique medidas que resuelvan de manera definitiva la situación de las entidades locales en especial dificultad económica.

La portavoz del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, Rocío Moreno, ha explicado que se trata de dos mociones “dirigidas al beneficio de los municipios y con el objetivo de velar por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Huelva”.

En la primera de las mociones el grupo popular solicita la derogación de la implantación obligatoria de una tasa de basuras. Lo que se pretende es que “desde la Diputación se inste al Gobierno de España a respetar la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos”. En definitiva, que se permita a las entidades locales “aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de los residuos, con recursos propios”.

Esta propuesta viene a raíz de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular aprobada en España que pretendía transponer varias directivas comunitarias, entre ellas la Directiva 2018/851 de residuos, cuyo resultado ha sido el establecimiento de la obligatoriedad de fijación de una tasa de residuos a las entidades locales, que será efectiva a partir del próximo 10 de abril de 2025. Su objetivo es reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y la reutilización, minimizar el impacto ambiental y fijar objetivos de reciclado para los residuos municipales, entre otros, pero “en ningún caso impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basuras”, tal y como se afirma en la moción.

Desde el grupo popular de la Diputación se quiere trasladar el “profundo rechazo a la obligación de establecer una tasa de residuos, que contemple la repercusión del coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos”. A juicio de los populares, esta iniciativa “supone un nuevo ataque a los bolsillos de los ciudadanos, que tendrán que pagar los costes íntegros de la gestión de residuos, cuando en muchos casos los ayuntamientos venían aliviando esta carga”.

Por ello, los populares pedirán en el Pleno “que se derogue la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos en todos los municipios y por el 100% del coste contemplada en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular”. Del mismo modo, también se incluye como punto a aprobar la contribución para sufragar campañas de comunicación de los ayuntamientos dirigidas a incentivar la concienciación ciudadana de compromiso con la separación de residuos y el reciclaje para la consecución de los objetivos comunitarios en materia de residuos”.

En la segunda moción, el grupo popular insta al Gobierno de España a que de manera prioritaria y urgente impulse la reforma del actual sistema de Financiación Local, de forma simultánea al de la Financiación Autonómica, de acuerdo con las premisas aprobadas por el XIII Pleno de la FEMP.

Asimismo, en el texto de la moción, se pide que “de manera prioritaria y urgente” se impulsen medidas para solucionar de manera definitiva la situación de los ayuntamientos en situación de especial dificultad económico-financiera, bien por riesgo de sostenibilidad como por riesgo financiero.

Otro de los apartados de la moción hace hincapié en que estas medidas se apliquen a todas las entidades locales sin excepción, con la petición de que se adapten las soluciones a cada circunstancia según un plan individualizado der actuación, con el compromiso de revisar periódicamente la eficacia de las medidas adoptadas, introduciéndose los ajustes necesarios para garantizar su éxito.

Asimismo, se solicita que si por el Gobierno de España se lleva a cabo una medida singular con un ayuntamiento en riesgo financiero, esta misma se haga extensible al resto de entidades locales “para evitar discriminaciones que no se ajustan al principio de igualdad, reconocido en la Constitución Española”.