Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Punta Umbría concluyeron en el día de ayer un informe que detalla la situación jurídica actual de los chiringuitos del municipio, incluyendo el estado de sus licencias de actividad y apertura, sus concesiones y denuncias.
Una vez los técnicos han trasladado ese documento al alcalde, José Carlos Hernández Cansino, el propio regidor municipal ha hecho públicas hoy sus conclusiones, así como las medidas que los técnicos municipales le indican que debe adoptar.
“Es una situación complicada”, ha lamentado Hernández Cansino, que también supone al mismo tiempo “una oportunidad para que los empresarios legalicen sus establecimientos y puedan tener seguridad jurídica”.
Teniendo en cuenta los antecedentes, con fecha 3 de julio la asesoría jurídica de Urbanismo y el arquitecto jefe de los Servicios Técnicos Municipales trasladaron un informe con la propuesta de cierre cautelar del establecimiento Casa Diego. En ese texto se incluía una referencia a un informe de 26 de mayo de 2023, así como otros en los que se advierte de la situación de falta de licencia de apertura de establecimientos y medidas cautelares a adoptar.
Tras este hecho, el viernes 4 de julio el alcalde acuerda una Providencia solicitando que se le dé traslado de estos informes anteriores, de los que no tenía conocimiento.
El mismo día se le da traslado al alcalde de dichos dictámenes y, tras tener conocimiento de los mismos, el 7 de julio -día hábil siguiente-, encarga el informe que concluyeron ayer miércoles los técnicos y que hoy ha dado a conocer públicamente, con la participación de todos los departamentos implicados: actividades, asesoría jurídica de Urbanismo, y contratación.
En este informe actualizado se establecen cuatro grupos de establecimientos. Un primer grupo que engloba a los que son fijos con concesión y con licencia, en los que se contabilizan 13 chiringuitos. Un segundo grupo de fijos sin concesión o cuya concesión no se adapta a lo otorgado en el que hay 7, entre ellos Casa Diego. Un tercer grupo de chiringuitos desmontables incluidos en el Plan de Playas que tienen título de concesión pero de los que al Ayuntamiento no le consta que tengan licencia, al que pertenecen 4: 2 en playa urbana y 2 en playa natural. Y, por último, un cuarto grupo de chiringuitos en playa natural sin concesión ni licencia, entre los que hay 7 establecimientos.
En los chiringuitos actúan tres administraciones: el Estado como propietario del dominio público marítimo y terrestre, la Junta a través de la delegación de Medio Ambiente porque es la que tiene las competencias delegadas para la gestión de ese dominio y el Ayuntamiento, que es el que regula y otorga las licencias de obra/actividad/apertura.
El título de concesión administrativa lo otorga la Junta, a través de Medio Ambiente. Por tanto, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento puede actuar dentro de sus competencias, para comprobar si cumplen con las licencias de obra/actividad/apertura.
Los técnicos municipales proponen en este informe medidas que tiene que adoptar el Ayuntamiento, entre las que se encuentra iniciar expedientes sancionadores a todos los que no tengan licencia.
Así, la Policía Local va a comenzar a inspeccionar cada uno de los locales, para comprobar si pueden evitar la medida cautelar de clausura o no, atendiendo a si incumplen gravemente la normativa.
“El final de ese expediente es el cierre”, ha afirmado el primer edil, que tiene “la obligación de actuar conforme a la Ley, como siempre he hecho”. Una Ley que, por otra parte, ha subrayado que “es la misma para toda España”.
“Ahora los empresarios tienen sobre su tejado la posibilidad de adoptar las medidas oportunas para evitar males mayores”, ha puesto de manifiesto el alcalde, que no ha querido entrar a valorar la actuación de anteriores Corporaciones “por respeto al procedimiento judicial en curso”.
Ante la posibilidad de incluir actuaciones musicales de pequeño formato en los chiringuitos, José Carlos Hernández Cansino ha determinado que “sí son posibles”, siempre y cuando ya cuenten con licencia y se tramiten de forma individual cada una de ellas como eventos extraordinarios dentro del establecimiento y con su aforo, cuenten con la aprobación de la Junta a través de Medio Ambiente, y el Ayuntamiento lo autorice y compruebe que cumple con lo establecido.
“Es doloroso para mí y para mi equipo”, ha concluido el regidor municipal, “tomar decisiones que se deberían haber tomado hace años”; pero ha lanzado a la vez un mensaje de esperanza para “legalizar la playa”.
