La Diputación de Huelva va a abrir una línea de colaboración con los ayuntamientos de la provincia para la elaboración de un censo de emplazamientos con amianto y un calendario de retirada. El objetivo, según han anunciado hoy en rueda de prensa el presidente de la Diputación, David Toscano, y el vicepresidente, Manuel Cayuela, es ayudar a los municipios onubenses a conseguir un documento que dé respuesta a las exigencias que plantea la normativa estatal que obliga a la retirada de amianto en los municipios.

De momento, han sido 43 municipios los que ya han solicitado a la Diputación la colaboración para la elaboración de este registro. Sin embargo, como ha señalado Toscano, “desde el Gobierno de la Diputación hemos decidido prestar este auxilio a la totalidad de los 80 ayuntamientos de la provincia y a las dos entidades locales autónomas”.

En primer lugar, está previsto realizar un trabajo de campo en cada uno de los municipios, la elaboración de una sistemática de trabajo para dar cobertura a la información existente y recopilar la documentación. Además, se prevén utilizar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para obtener un resultado más preciso. La Diputación pondrá a trabajar los servicios técnicos propios y tiene previsto contar la experiencia de la empresa pública TRAGSA, participada por la propia institución.

El resultado final podrá ser volcado en un visor público, para consulta, modificación e incorporación de datos por parte de los propios consistorios onubenses.

David Toscano ha asegurado que “desde la Diputación consideramos que se trata de un asunto de envergadura e interés tanto para la salud pública como para el medio ambiente, por lo que hemos dado un decidido paso al frente. Pero consideramos que es fundamental que el Gobierno de España, como responsable del marco normativo aplicable, habilite líneas de financiación específicas para las entidades locales que tienen la obligación de elaborar los censos y acometer la retirada del material”.

Es fundamental, ha añadido el presidente, que “el ejecutivo central dote de los recursos necesarios para que los municipios y comunidades autónomas puedan hacer frente a esta tarea con garantías, asumiendo su papel en la dotación de medios y financiación, para que la retirada del amianto pueda llevarse a cabo de manera eficaz y equitativa en todo el territorio nacional”.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Manuel Cayuela, ha afirmado que once municipios por escrito y 32 verbalmente han transmitido esa preocupación, por lo que “hemos considerado necesario aumentar el servicio que prestamos a los municipios. No solo a estos 43, sino a todos los ayuntamientos de la provincia”. Para Cayuela, se trata de un trabajo inmenso que afecta no solo a las cubiertas de uralita, sino también a la red de abastecimiento de agua, bajantes de edificios, depósitos de agua, etc.

El vicepresidente también ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para que “esa base de datos que exista en cada municipio sea lo más fidedigna posible y se pueda actuar de la mejor manera”.

Recordemos que la regulación sobre la retirada del amianto en España está determinada por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que, en su disposición adicional decimocuarta, establece la obligación de los ayuntamientos de elaborar un censo de emplazamientos con amianto y un calendario de retirada.

A través de estos inventarios se podrá identificar y planificar de manera controlada la retirada segura de este material, que quedó prohibido en España desde 2002. Este censo debía remitirse a las autoridades autonómicas en materia laboral, sanitaria y medioambiental en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes de abril de 2023.

Sin embargo, la citada norma no contempló ninguna dotación presupuestaria específica para apoyar a las entidades locales en la elaboración de estos censos ni en la ejecución de los planes de retirada, lo que ha supuesto un reto añadido para muchos municipios, especialmente los de menor tamaño.

A esta circunstancia se sumó el retraso en la publicación de los criterios orientativos para la elaboración del censo por parte del Ministerio de Sanidad, que no se produjo hasta junio de 2024, es decir, más de un año después de la fecha establecida para el cumplimiento de la obligación.