El Pleno de la Diputación de Huelva, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de julio, ha mostrado hoy su reconocimiento, a través de una moción de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa, al trabajo de los profesionales del Infoca, de la UME y del Consorcio Provincial y Salvamento de Huelva tras los incendios del Andévalo a principios del mes de junio. El pleno también ha aprobado otras iniciativas en defensa de los profesionales sanitarios, de los funcionarios de prisiones y ha solicitado al Gobierno de España que convoque elecciones generales.
Con la abstención de VOX y el voto a favor del resto de los grupos políticos, se ha aprobado la moción de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa en la que se traslada el reconocimiento por su trabajo a los profesionales del Infoca, de la UME, del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva, fuerzas de seguridad, protección civil, personal sanitario, voluntariado y ayuntamientos implicados en el incendio que se originó en el término municipal de Villanueva de los Castillejos el lunes 8 y se dio por extinguido el domingo 14 de junio de 2026.
En la iniciativa se insta a la Junta de Andalucía a realizar una investigación exhaustiva, rigurosa y transparente sobre la gestión del incendio forestal que arrasó más de 5.000 hectáreas, que en base a los resultados de la investigación, se inicie un proceso de depuración de responsabilidades, articulándose los mecanismos necesarios para evitar que vuelva a producirse una emergencia de esta magnitud; así como pedir la declaración de zona catastrófica en toda el área afectada por el incendio.
La primera de las mociones del grupo popular se ha aprobado con la abstención de VOX y el voto en contra del grupo socialista y de IU Verdes Equo Podemos Iniciativa. En ella, los populares salen en defensa de los profesionales sanitarios y exigen responsabilidades al Ministerio de Sanidad por el colapso de la sanidad pública.
En la moción se insta al Ministerio de Sanidad y a su titular a asumir su responsabilidad en el origen y prolongación de la huelga de médicos, reconociendo que la negativa al diálogo y la imposición unilateral del nuevo Estatuto Marco son las causas principales del conflicto; así como exigir al Gobierno de España que convoque de manera urgente una mesa de negociación real con los representantes de los profesionales médicos, con la presencia de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, para abordar con rigor y suficiencia presupuestaria las demandas del colectivo.
Los populares también reclaman al Gobierno que pongan fin de inmediato a la estrategia de culpabilizar a las Comunidades Autónomas de una huelga cuya causa y solución se encuentran en el ámbito de la Administración General del Estado, e instan al Ministerio de Sanidad a dar cuenta pública del número total de actos sanitarios suspendidos en la provincia de Huelva como consecuencia de la huelga.
La segunda moción del grupo popular, que ha contado con el apoyo de VOX y el voto en contra de los socialistas y de la coalición de izquierdas, insta al Gobierno de España a asumir responsabilidades políticas y al presidente del Ejecutivo central a proponer la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales.
Entre sus acuerdos, la moción censura que no se haya tramitado la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni celebrado el Debate sobre el Estado de la Nación durante la legislatura; expresa la necesidad de que el Gobierno y su presidente asuman la responsabilidad política que corresponda por los presuntos casos investigados; y urge al presidente del Gobierno a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la iniciativa.
También se ha aprobado una moción de VOX, con el apoyo del grupo popular y la abstención del resto de grupos políticos, en la que se insta al Gobierno de España a reconocer a los funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad, a todos los efectos legales; a declarar la profesión de funcionario de prisiones como profesión de riesgo, en atención a las especiales condiciones en las que desarrollan su labor; así como instar al Gobierno de España a llevar a cabo la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones, incluyendo los destinados en el centro penitenciario de Huelva, con los de País Vasco y Cataluña.
Al mismo tiempo, se insta al Ministerio del Interior a implementar medidas contundentes y efectivas para prevenir y reducir las agresiones a funcionarios de prisiones en el centro penitenciario de Huelva, incluyendo la aplicación real y efectiva de protocolos específicos de actuación frente a agresiones (PEAFA); a elaborar y publicar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada del centro penitenciario de Huelva, que permita evaluar si existe un número suficiente de efectivos para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la seguridad de los trabajadores; e instar al Gobierno de España a adoptar medidas específicas de protección para las funcionarias de prisiones del centro penitenciario de Huelva, con el objetivo de prevenir y sancionar con mayor contundencia las agresiones sexuales, amenazas y conductas vejatorias por parte de los internos y a reforzar los medios humanos y materiales del centro penitenciario de Huelva, en atención al incremento de la población reclusa y a la mayor complejidad de su perfil.
