La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), a través de su empresa pública de gestión Giahsa, ha destinado en la primera mitad del presente ejercicio un montante superior a los 90.000 euros en ayudas con cargo al Fondo Social para garantizar el suministro de agua de consumo tanto a usuarios como a colectivos afectados por situaciones de escasez de recursos.

Este importe provisional está incluido en el Fondo Social que se contabiliza en los presupuestos anuales y se aplica tanto en los casos tratados en la Comisión de Arbitraje como por el Defensor del Usuario. A ello hay que sumar las ayudas específicas a entidades sociales sin ánimo de lucro y las aplicadas de manera excepcional durante la crisis de la Covid-19, con la reducción del importe en concepto de RSU a empresas y autónomos que se vieron forzados a cerrar sus negocios.

La presidenta de la MAS, Laura Pichardo, ha querido destacar que “una empresa de carácter y vocación pública debe ofrecer a sus usuarios un amplio abanico de ayudas de corte social, con más motivo si cabe en un año marcado por el tremendo impacto ocasionado por la Covid-19”.

Así, de los más de 90.000 euros del montante de las referidas ayudas, Giahsa ha aplicado 50.000 a las entidades sociales sin ánimo de lucro, importes que se descuentan de forma prorrateada sobre las respectivas facturaciones mensuales. Como ha explicado Pichardo, resulta “especialmente gratificante auxiliar a entidades que trabajan en pos del bienestar de colectivos sensibles, como infancia, tercera edad o personas con problemas de adicciones, y que por tanto merecen todo nuestro apoyo y consideración”.

Apoyo a empresas y autónomos
Por otro lado, la reducción en las facturas del concepto de RSU para las empresas y autónomos obligados al cierre de sus negocios durante los meses del confinamiento ha superado los 30.500 euros. Los casi 12.000 euros restantes se han empleado en los casos tratados tanto en por el Defensor del Usuario como por la Comisión de Arbitraje, órganos que Giahsa dedica a la gestión de reclamaciones de consumos excesivos que pueden gravar la economía doméstica del usuario afectado, o aquellos casos de pobreza energética severa a los que no se les ha podido ofrecer una solución satisfactoria tras la aplicación de la Declaración de Pobreza Energética.

A los conceptos anteriormente reseñados, con cargo al Fondo Social de Giahsa, habría que añadir también “los prorrateos en las facturas en los ocho municipios en los que el confinamiento impidió la lectura de contadores”, precisa la presidenta de la MAS, “que ha implicado un importe añadido superior a los 300.000 euros”.

Finalmente, las bonificaciones directas en facturas en los últimos doce meses (casos específicos de dependencia y minusvalía, desempleo y rentas bajas, especial necesidad, pensionistas y jubilados) se han aplicado sobre 46.500 recibos por un importe superior a los 340.000 euros.

Laura Pichardo ha recordado que la acción social de Giahsa se vertebra en torno a tres ejes fundamentales: “El fraccionamiento de deuda para evitar cortes de suministro por motivos económicos, las bonificaciones sociales para los colectivos más desfavorecidos y las ayudas directas en el pago de recibos con cargo al Fondo Social”. La partida económica que Giahsa destina en sus presupuestos a las ayudas no repercute sobre el precio del agua, ya que se detraen sobre todo del montante recaudado en la lucha contra los fraudes en el suministro.