La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha concedido ayudas por valor superior a 37 millones de euros destinadas al fomento de actuaciones de I+D+i que estaban paralizadas por el anterior Gobierno autonómico. Estos incentivos, dirigidos a las universidades públicas andaluzas y a las entidades públicas y privadas de investigación, responden a tres convocatorias abiertas en los ejercicios 2017 y 2018 que permanecían estancadas y a las que el actual Ejecutivo andaluz ha dedicado el máximo esfuerzo para reactivarlas, dado el gran impacto que estos recursos tienen en la actividad de los grupos de investigación andaluces. De este modo, la Universidad de Huelva recibirá del Gobierno andaluz ayudas y recursos por valor de 687.471 euros.

Estas tres líneas de subvenciones están orientadas a financiar, por un lado, la transferencia de conocimiento entre universidades y organismos públicos de investigación y el sector productivo andaluz y, por otro, la mejora de infraestructuras y equipamientos de I+D+i. De su resolución se han beneficiado medio centenar de entes privados y públicos. En la esfera pública, han obtenido recursos nueve universidades andaluzas, que recibirán para sus iniciativas fondos por valor de 21,7 millones de euros, lo que supone en torno al 58% del conjunto de los recursos.

Estas ayudas se conceden en el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) en régimen de concurrencia competitiva y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Incentivos a entidades públicas
Del conjunto de convocatorias, dos de ellas, que suman un montante de 27 millones, están dirigidas a las entidades públicas de investigación y a las universidades andaluzas.

La primera de ellas cuenta con un presupuesto de 20 millones y concede recursos a infraestructuras y equipamientos de I+D+i con el fin de mejorar el parque de infraestructuras existentes. Entre los gastos subvencionables se incluyen las edificaciones auxiliares de carácter técnico, la adquisición de bienes de equipos, equipos informáticos o de infraestructura de TIC en general, la adquisición y tratamiento de software, así como otras inversiones en activos fijos materiales.

Asimismo, se podrán sufragar estudios de viabilidad, diseño o construcción de infraestructuras, equipamientos, instrumentación científica avanzada o componentes de elevado contenido tecnológico, además de gastos asociados a material bibliográfico, material fungible o estudios de mejora de rendimiento. Las acciones aprobadas tendrán un plazo máximo de ejecución de dos años.

La segunda línea, con una consignación de 7 millones, está dirigida a incrementar las tasas de transferencia de conocimiento entre los agentes públicos del sistema andaluz del conocimiento (universidades y organismos públicos de investigación) y el sector productivo andaluz. Para ello se apoyan, entre otras iniciativas, los proyectos de creación y consolidación de empresas basadas en el conocimiento y de base tecnológica; las acciones de protección de la propiedad intelectual y de transferencia tecnológica (estudios de patentabilidad, licencias de patentes, etc); así como la creación y desarrollo de prototipos y pruebas de conceptos, promoción y comercialización de tecnologías; o estudios de mercado para identificar potenciales socios industriales.

Los incentivos también se dirigen a la financiación del funcionamiento de las Oficinas de Transferencia de Resultados (OTRI), el fomento de las relaciones entre grupos de investigación y las empresas, además de la organización y participación en congresos, ferias, jornadas y foros especializados y de difusión. Las actividades deberán tener una duración máxima de un año.

10 millones para entidades privadas de I+D+i
La convocatoria dirigida a entidades privadas de I+D+i sin ánimo de lucro, así como a agrupaciones de interés económico vinculadas a la investigación sin ánimo de lucro que estén calificadas como agentes del sistema del conocimiento, ha otorgado diez millones de euros.

Los incentivos tienen como objetivo la adquisición de material científico y mejora de infraestructuras y equipamientos de I+D+i, con el fin de consolidar y dotar de mejores equipamientos tecnológicos a los centros existentes.

Las actuaciones incentivadas tienen un plazo máximo de ejecución de dos años y las ayudas podrán emplearse en edificaciones auxiliares de carácter técnico, destinadas a la mejora del parque de infraestructuras existentes; en la compra de bienes de equipo de procesos y de equipos auxiliares, en equipos informáticos o de infraestructura de tecnología de la información y telecomunicaciones, o en la adquisición y tratamiento de software, en particular el dirigido a la investigación. Asimismo, se podrán financiar el coste de utilización y acceso a las instalaciones científico-técnicas singulares y grandes instalaciones científicas, nacionales o internacionales.

Ayudas paralizadas por el gobierno anterior y nuevo impulso a la I+D+i
Además de estos más de 37 millones de euros en ayudas que se acaban de resolver, el departamento que dirige Rogelio Velasco está acelerando los procedimientos para cerrar otras tres convocatorias heredadas igualmente del Gobierno anterior y que no habían sido resueltos y que suman 46 millones. En esa cuantía se incluyen las subvenciones para la realización de proyectos de I+D+i tanto a centros públicos (35 millones) como a privados (8 millones); además de las becas Talentia Senior, dotadas con casi tres millones y cuya resolución es inminente.

Paralelamente a esos trabajos para resolver los incentivos pendientes, la Consejería de Economía ha comenzado a lanzar nuevas líneas de incentivos a universidades y entidades públicas de investigación. El primero de estos nuevos programas permitirá la contratación de 257 jóvenes doctores con un presupuesto de casi 32 millones de euros.

Esta iniciativa tiene como finalidad la contratación, por un período máximo de tres años, de investigadores posdoctorales demandantes de empleo o poseedores de la tarjeta de mejora de empleo, que hayan obtenido su doctorado en los cinco años previos a la convocatoria.